Que estamos atravesando una crisis a nivel internacional debido a un virus inesperado y desconocido, no es novedad. Sin embargo, tampoco es excusa cuando se trata de las políticas públicas que se toman a nivel nacional y provincial. 

La problemática habitacional es resultado de décadas de desidia por parte de la clase gobernante y propietaria a quienes no sólo nunca les faltó un techo digno sino que además les sobró tierras para mantenerlas desocupadas y especular financieramente con ellas. 

El desalojo de Guernica, el jueves 29 de octubre, significó que la posibilidad de presentar una solución a las familias que allí habitaron durante tres meses -soportando frío, lluvias, humedad, barro, hambre, comodidades nulas- fuera tirada por la borda de la manera más implacable.

Hay un hecho que parece pasar por alto en los diferentes relatos que escuchamos por esos días: “están ahí porque son vagos”, “están ahí porque quieren todo fácil”, “están ahí para conseguir lotes y después venderlos”. Pues resulta que quienes tienen ese discurso lo reproducen desde el confort de sus hogares y con todos los servicios. Nadie que no esté desesperado soportaría los meses de frío en casas tan precarias que el viento y la lluvia desmoronan con facilidad.

Según el último censo, llevado a cabo por el gobierno provincial y supervisado por los vecinos y organizaciones de DD.HH., en la toma había 1.400 familias, 4.414 personas. La extrema fragilidad que impulsó a la ocupación se verifica con los datos más finos de dicho censo: de 1964 personas consultadas, 1544 contestaron que el motivo por el cual estaban allí era desocupación o retrasos en el pago de alquiler, 183 personas explicaron que era por conflictos familiares o hacinamiento y 52 hablaron de violencia de género. Respecto de la pregunta  por la situación laboral, sobre 2644 respuestas 1859 dijeron ser desocupados (datos publicados en la nota “Guernica: la toma de posición” de la Revista Crisis en su versión online).

Los hechos

La localidad de Guernica pertenece al partido de Presidente Perón. Queda en la zona sur del Conurbano, a 30 km de la Capital Federal.

El 20 de julio de este año, un grupo numeroso de personas ocupó terrenos baldíos en esa localidad. En los cuatro días siguientes, una muchedumbre incontenible se sumó, empujada por la necesidad. En total, eran más de dos mil familias. Con el correr de los días, mediante la organización colectiva y comunitaria se delimitaron lotes, armaron caminos, cavaron zanjas para que drene el agua de lluvias, levantaron comedores comunitarios y postas de salud. En “La Toma de Guernica”, que abarcaba menos de 100 hectáreas, se constituyeron cuatro barrios: 20 de Julio, San Martín, La Lucha y La Unión, cada uno con sus propias asambleas y delegados por manzanas, además de una asamblea transfeminista.

Inmediatamente, los supuestos dueños hicieron una denuncia por usurpación y allí se inicia el conflicto. ¿O el conflicto ya venía de antes, de cuando esas familias no tenían donde vivir, de cuando se quedaron sin empleo o changas por la pandemia, de los cuatro años de ajuste macrista, de décadas de políticas neoliberales que arrinconan siempre a los que menos tienen y pasan por alto la problemática habitacional?

Desde julio hasta mediados de septiembre, el curso penal que apuntaba a convertir a los ocupantes en delincuentes avanzó por un tubo. El juez que intervino, Martín Rizzo, tuvo en el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta al ladero ideal para que todo se desarrollara rápidamente.

Luego de la decisión judicial de desalojar, se sucedieron una serie de idas y venidas con la apelación de los abogados que representaban a las familias y la intervención del gobierno provincial. Un conjunto de más de cien organizaciones sociales y de derechos humanos le pidió al juez que abra una mesa de diálogo para frenar el desalojo que ya estaba decidido. En el curso de las negociaciones, el gobierno comenzó a plantear medidas para llegar a una solución: censos para interiorizarse de la situación de los vecinos, un subsidio por única vez, espacios transitorios, dispositivos interministeriales. Esas negociaciones fueron interrumpidas abruptamente el miércoles 28 por la tarde por parte del gobierno cuando las asambleas por barrio estaban tratando la aceptación de traslado y la continuidad de las audiencias en busca de una solución concreta para todos. El plazo para el desalojo, además, había vencido.

En la madrugada del jueves 29, decenas de móviles policiales y micros llevando agentes comenzaron a salir desde la Escuela de Policías Vucetich rumbo a Guernica. Con la mayoría de los vecinos dentro del predio, el operativo los despertó a las 5 de la mañana.

En medio de un espectáculo dantesco, el avance represivo con 4 mil efectivos, topadoras, excavadoras, hidrantes, helicópteros y grupos de policías que iban incendiando las casillas dejaban un escenario desolador. Violencia, avasallamiento, humillación, devastación. Fuegos, balas de goma y gases lacrimógenos, gente corriendo, mujeres, niños y heridos que buscaban refugiarse en lugares seguros; casi una película de terror. La figura del Ministro de Seguridad Sergio Berni aparecía entre las casillas destruidas y las pocas pertenencias de los vecinos desparramadas y en su lugar se erigía un mausoleo de la desigualdad. Doce personas fueron detenidas durante la represión, y otras veinticuatro en las inmediaciones del terreno.

Quién es quién

En medio de todo el conflicto, quedó planteada la tan mentada discusión sobre la legalidad y la legitimidad. Que fue un hecho ilegal, teniendo en cuenta las leyes que nos rigen, nadie lo discute. Ahora, ¿no es legítimo luchar por un techo propio cuando todas las puertas están cerradas? ¿No es legítimo utilizar terrenos baldíos para construir viviendas para los desposeídos? Sin embargo, los dueños de las tierras fueron presentados como las víctimas de la situación por parte de los medios hegemónicos de comunicación. A la luz de los acontecimientos poco importa la dudosa legalidad de los dueños sobre los terrenos. Sin embargo, hagamos un racconto:

Hubo cinco denuncias de parte de una empresa grande, otra más pequeña y tres personas, estos últimos que reclamaron sobre los barrios 20 de Julio y San Martín y que no sólo tuvieron problemas para demostrar la titularidad sobre los lotes sino que también fueron relacionados con sectores del municipio, cuya intendenta Blanca Cantero es esposa de Carlos Acuña, dirigente del triunvirato de la CGT. La primera parte de la toma empezó sobre un sector de 30 a 40 hectáreas que tuvo un efecto dominó, volcándose la ocupación hacia los terrenos linderos. El 60% de la toma pertenece a la empresa El Bellaco S.A., propiedad de una familia tradicional de La Plata de apellido Pérez Pesado y que se dedica a negocios inmobiliarios. La compra de la parcela por parte de El Bellaco se realizó el 20 de julio de 1983 y se escrituró el 24 de octubre de ese año, exactamente una semana antes de las elecciones que dieron por ganador a Raúl Alfonsín para la presidencia y que significaron el final de la dictadura militar. La empresa fue creada el 10 de mayo de 1983, muy poco antes de la compra de los terrenos. Julio César Emilio Pérez Pesado (padre de Gervasio Pérez Pesado, hoy a cargo de Bellaco S.A.) fue funcionario de la dictadura entre 1980 y 1982. Habían dejado de pagar impuestos en 2018 y registraban deudas en ARBA por casi $1 millón (estos datos salieron a la luz gracias a una investigación periodística que el Equipo de Investigación Política –EdIPo– dio a conocer en los últimos días bajo el nombre El conflicto por la tierra en Guernica). Un gobierno que presume de un espíritu popular y democrático envía cientos de policías para “hacer cumplir la ley”, para resguardar los derechos de propiedad privada y cuidar las espaldas de personas que no cumplen la ley ni son ejemplos de comportamiento cívico. Algo no anda bien, ¿verdad?

El Bellaco S.A. posee un terreno de 360 hectáreas lindero a la toma en donde empezó a construir el barrio privado San Cirano y tiene la intención de construir cuatro countries más con campos de golf y lagos artificiales. Hablamos de fastuosos complejos de barrios privados, lujo, terreno ocioso y hectáreas libres en contraposición a la precariedad de las casitas, el merendero levantado con tablones, chapas usadas y nylon y solidaridad de mucha gente de buena voluntad. 

También una mujer, cuyo hijo es concejal del PRO, estuvo en la causa pidiendo el desalojo, aunque en su territorio no había ocupantes. El concejal Guido Giana tuvo un papel muy activo en el fomento por el desalojo, arengando a los vecinos de Presidente Perón a que se manifiesten contra la toma y en favor de la propiedad privada.

En otro flanco se encontraba el Fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, apadrinado por Luis Genoud, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia y reconocido personaje político del peronismo varelense. En su trayectoria cuenta con relación en el ocultamiento de información sobre la cantidad de muertos en las inundaciones de La Plata y el hostigamiento a los trabajadores del Astillero Río Santiago en conflicto, entre otras cosas. 

La prensa hegemónica celebró el desalojo que preparó como un evento desde días anteriores con su posicionamiento en la creación de consenso discursivo. El Ministro Sergio Berni se aseguró una buena cobertura mediática de los hechos para dar un mensaje político contundente, incluso convocando personalmente a los medios como contó la cronista de TN. El gobernador Axel Kicillof y el Ministro de Desarrollo (inmobiliario) de la provincia Andrés “Cuervo” Larroque desplegaron escenas de macartismo explícito hacia las organizaciones que participaron de la negociación, acusándolas del fracaso de la misma. La construcción de un enemigo que no sea la Justicia, ni los funcionarios gubernamentales, ni la policía, era necesaria. Además, la idea debía quedar clara: la propiedad privada ante todo, la reivindicación y refuerzo de la figura de Berni ante todo, el desprestigio de las organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda ante todo. El alegato de quienes enuncian que el gobierno provincial no pudo evitar la disposición judicial se desmorona cuando se recuerdan las imágenes de la represión y la vulnerabilidad (aún más) a la que fueron arrojadas cientos de familias humildes que ellos deberían proteger. Los intereses inmobiliarios especulativos pesan más, ayer y hoy.

En torno a esos días se sucedieron otros desalojos, otras violencias, otras vulneraciones: “Larroque es un desalojador serial”, dijo Nora Cortiñas.

La crisis económica expandida el último tiempo por la pandemia no hace más que demostrar un problema estructural: el acceso a la vivienda para los sectores más humildes. En los últimos meses las ocupaciones en el Gran Buenos Aires se intensificaron. Cientos de tomas de tierras tuvieron lugar en Quilmes, La Matanza, José C. Paz, Moreno, Florencio Varela, San Martín, Merlo y San Fernando. Casi todas ellas fueron repelidas con menor o mayor ferocidad. Otras partes del país también fueron escenarios de hechos similares: sólo en Bariloche hubo veinte tomas en lo que va del año, de la mano de la reivindicación ancestral por la tierra de parte de comunidades originarias. También en Salta, Tucumán y Córdoba.

Mientras las balas barrían a los pobres, esa misma mañana en la Cámara de Diputados se daba media sanción al Presupuesto 2021, introduciendo un recorte del 10% en el sector de salud y la eliminación del IFE, en un guiño al FMI y las negociaciones en marcha. Unos días después se anunció un ajuste a los jubilados. ¡Ah! ¡Pero tenemos acceso al cannabis medicinal! Entre el humo progresista nos olvidamos del ajuste y la represión.

En ediciones anteriores hemos presentado el poemario “Tierra para vivir, feminismos para habitar” que compiló el artista multidisciplinario Dani Zelko. Allí se recuperan voces de muchas mujeres y disidencias que habían encontrado en la toma, también, un lugar donde soñar y construir espacios seguros que les protegieran de situaciones de violencia machista, con una asamblea transfeminista que las contenía. Vale la pena recordarlo. Una de ellas expresaba el sentir de los vecinos en general: querían un pedazo de tierra e ir pagándola a los dueños. Querían trabajo para poder solventar un techo propio. Ni planes ni dinero porque sí. No obstante, no se apostó por una solución de ese tipo. El Estado los abandonó una vez más. Pero esa dignidad que muchos funcionarios y personas de poder carecen, a los desposeídos les sobra.