Los Humedales representan una reserva de biodiversidad y recursos naturales inmejorable. Son el 22% del territorio nacional y preservan el ecosistema mejor que bosques y parques. Aun así los estados y sus poderes prefieren los desarrollos especulativos antes que preservar la vida misma
Por Martin Silva
Bajo la denominación de Humedal se encuentra una gran variedad de territorios. Son ecosistemas muy heterogéneos que dotan de biodiversidad y recursos naturales a las poblaciones que rodean, superando incluso a los bosques y parques. Suman en Argentina unos 600 mil kilómetros cuadros, un 22% del territorio nacional. Una inmejorable base para la producción de alimentos asociada a la agricultura, ganadería, pesca y acuicultura. Y no menos importante es el hecho que almacenan carbono en elevadas cantidades por lo que ayudan a contener las consecuencias del cambio climático.
Todos los humedales tienen un efecto “esponja”, es decir, que proveen un servicio de mitigación de inundaciones al absorber el agua, lo que impide que se inunden las ciudades costeras. Los vecinos de Berazategui, además, toman agua de pozos extraída del Acuífero Puelche, que se forma a partir del agua que proviene de las lluvias y terminan percolando a través de los humedales del Tigre, de Domínico, de Bernal y, al final, de los Humedales de Hudson.
Los Humedales están protegidos a partir del Protocolo Ramsar, firmado en dicha ciudad iraní en 1971 y por la Constitución Nacional mediante la Ley 23.919. Aun así, no tienen una reglamentación específica como la que protege a Bosques y Glaciares. Al tratarse de terrenos ricos y diversos, se encuentran en permanente disputa.
La vía legal
Varias organizaciones no gubernamentales e incluso organismo estatales bregan por la obtención de una Ley de Humedales, como la red internacional Fundación Humedales, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y el Observatorio del Derecho de la Ciudad, que plantean la necesidad de una reglamentación de “Presupuestos Mínimos Para la Conservación, Protección y Uso Racional y Sostenible de los Humedales” –como reza el proyecto de Ley aprobado en la Cámara de Senadores y girado a principios de agosto a la de Diputados.
Precisamente en la cámara baja es donde quedaron frustrados dos intentos de ley, “en ambos casos la iniciativa se frustró en la Cámara de Diputados en razón del fuerte lobby agroindustrial -al que se sumó el de la minería de litio en la segunda ocasión- y la falta de interés de sus integrantes, perdiendo estado parlamentario”, reza el documento del sitio web de la FARN (www.farn.org.ar). En tanto que el Observatorio de Derecho de la Ciudad plantea varios ejemplos de la degradación del suelo, como los 60 emprendimientos inmobiliarios en el cauce del Río Luján (que involucran 9.200 hectáreas de humedales), el aumento exponencial de la actividad ganadera en las islas del delta, la producción de monocultivos con alto uso de biocidas-venenos y la construcción de diques que obstruyen la entrada de materia orgánica y nutrientes a las costas.
Esta expresión parlamentarista de la defensa de los recursos naturales se choca con los hechos, ya que los emprendimientos inmobiliarios y la agroindustria pasan por encima de leyes, decretos y, cuando no, presionan al poder judicial. Así fue en la provincia de Entre Ríos cuando el Superior Tribunal de Justicia simplemente rechazó un amparo ambiental interpuesto contra los impactos negativos del megaproyecto “Barrio Náutico Amarras Gualeguaychú” en la ribera del Río Gualeguaychú. Un fallo que la Corte suprema de Justicia de la Nación recién revertió a partir de otro amparo presentado en 2016 (Fallo CSJ 714/2016/RH1).
Ecocidios
En junio pasado, Racing Club de Avellaneda informó que obtuvo el permiso para avanzar en la construcción de un predio de alto rendimiento deportivo dentro de los límites originales del humedal que conforma la Reserva Natural Integral y mixta Laguna de Rocha en Esteban Echeverría. “No se presentó la evaluación de impacto ambiental y nadie dice nada al respecto. Van a tapar el humedal para construir un predio deportivo generando daños gravísimos al ecosistema y causando inundaciones en los barrios aledaños”, remarcaron desde el Colectivo Ecológico Unidos por Laguna de Rocha. Desde la provincia de Santa Fe, el militante ecologista Cesar Massi denunció la situación de los humedales por las quemas masivas: “hasta el 15 de julio, habíamos calculado una superficie quemada de 50 mil hectáreas que equivales a tres veces la ciudad de Rosario. Y al día de hoy, los números nos dan 100 mil hectáreas en sólo 150 kilómetros”. En tanto que Martina Palladino, de la Asamblea Hocó, denuncia que “los humedales de la costa de Berazategui se encuentran amenazados por los negociados inmobiliarios. Una parte importante fue rellenada, y se montaron los barrios Puerto Trinidad y tres barrios más del emprendimiento Pueblos del Plata”. Un cuarto “desarrollo”, Barrio Elcano, se encuentra paralizado por decreto municipal a partir de la lucha de los vecinos ambientalistas.
El ecocidio implica la destrucción del medio ambiente de un territorio, especialmente si es intencionada e irreversible. Los humedales han probado una capacidad de renovarse con el tiempo aun a pesar de las quemas y los basurales. A lo que no se pueden reponer es al cemento y el monocultivo. Justamente dos de los negociados más frecuentes para las costas que habitamos. Y es que los humedales, además de contener riquezas renovables, se encuentran en los alrededores de las ciudades del conurbano, al costado de las autopistas y con la posibilidad de montar puertos o vías para el transporte hídrico. Son tierras codiciadas para proyectos financiados con los denominados fondos de inversión.
Los diques se construyen para la producción de soja y ganadería. Terminan por reducir la capacidad de mitigación de las inundaciones que tienen los humedales. En tanto que los pajonales que son incendiados absorben mucho dióxido de carbono, lo que ayuda a combatir el efecto invernadero, o sea el calentamiento global. Es el pulmón de la tierra, y no los yuyos, lo que se prende fuego.
La expoliación de los recursos naturales en nuestra región del Conurbano Sur tiene un punto de inflexión en los años 90s. A partir de la proliferación de barrios cerrados y countries. Hasta la fecha se han construido 33 barrios privados: “han destruido gran parte de nuestros bosques y han contaminado nuestras aguas”, denunciaba el documento leído el sábado 1 de agosto en conmemoración de la Pachamama o Madre Tierra en el centro de Berazategui.
En la relación entre el ecosistema y las ganancias de las exportadoras de granos se encuentra el suelo de los humedales. Ese 22% de la tierra que habitamos y que representa en términos de calidad de vida mucho más que la renta extraordinaria que cinco exportadoras se llevan a bancos del extranjero. Por eso se puede hablar de ecocidio, por eso es responsable quien incendia y quien deja de proteger los pajonales, quien tapa con cemento y quien rezonifica áreas de reservas naturales.
El futuro es una disputa permanente. Hay quienes luchan neciamente por multiplicar sus fortunas y negociados. Y hay quienes tienen la visión y capacidad de luchar por las vidas de todos y todas.
Asamblea Hocó
A finales de Octubre de 2019, alarmados con la situación imperante en la región, varios vecinos se reunieron en torno a la cuestión ambiental y con el patrocinio del Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente. A partir de entonces, con esos pocos y claros objetivos se fue conformando al Asamblea Autoconvocada de Vecinxs en Defensa de los Humedales y la costa de Hudson, HOCÓ. La Linterna Noticias conversó con Martina Palladino, estudiante de Biología (UNLP) e integrante de la Asamblea desde su inicio.
La Linterna: ¿Cuáles son los objetivos que se plantean desde la Asamblea Hocó?
Martina Palladino: El principal es que la costa de Berazategui sea Reserva Natural. Instar a las autoridades competentes a que concreten el cese definitivo de obras y deroguen las ordenanzas de rezonificación. Frenar el avance de megaemprendimientos urbanísticos o construcciones de otra índole presentes y futuros que obstruyan la dinámica de los ecosistemas, su valor paisajístico y cultural.
LL: Desde la Asamblea denunciaron que aún en cuarentena siguieron los trabajos de relleno en la costa. ¿Siguen esos trabajos?
MP: Sí, el equipo de legales de la asamblea ha hecho las denuncias correspondientes en el Ministerio (de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación), el Órgano Provincial para el Desarrollo Sostenible y en el Municipio dos veces por violación del Decreto Municipal Nº 1778/19, cuyo artículo primero “ratifica la paralización preventiva de las obras de infraestructura, movimiento de suelo y bombeo”; y a la violación de la Ley de Bosques en la sección de Puerto Trinidad. Recién en la segunda obtuvimos respuesta. Se realizó una inspección personal de OPDS y la Municipalidad, en la que no nos dejaron participar a las organizaciones sociales. Se proveyó como prueba vídeos, fotos e imágenes satelitales del hecho. Debido al contexto de cuarentena, se hace difícil corroborar si las máquinas siguen funcionando.
LL: ¿Por qué creen que los gobiernos provincial y municipal autorizan estos emprendimientos, a pesar de que gran parte de la población se opone?
MP: A pesar del descontento general y la creciente difusión del tema, los entes gubernamentales siguen ejecutando en función de los intereses privados. Dichas acciones contemplan ordenanzas de rezonificación, resoluciones de “aptos ambientales”, entre otro tipo de facilitaciones. Creo que es cuestión de intereses y mucha plata de por medio.
LL: En cuanto a la Ley de Humedales que se debate en el congreso nacional, ¿conocen sus aspectos y alcances? ¿Piensan que puede detener el ecocidio?
MP: Al ser una organización que se formó hace poco, estamos en proceso de informarnos y formar en conjunto la postura de la asamblea con respecto a las cuestiones específicas de la ley. Por supuesto estamos a favor de que se sancione y seguimos de cerca los debates. Es una herramienta más, reconocer los humedales ante la ley le da otro posicionamiento. Aunque esa sea una parte del reclamo colectivo, ya que es necesaria la regulación del uso y la conservación, teniendo en cuenta todas sus variables. Se requiere decisión política para su protección. Pero, ahora, no frena nada, es un proceso lento. Es por eso que entendemos que la vía legal/legislativa va de la mano de la lucha en la calle.
