Detienen a más de diez personas en la Provincia de Catamarca tras la lucha que desde hace años vienen llevando a cabo lxs vecinxs con la propuesta “no a la megaminería a cielo abierto” 

Los medios masivos, los diarios online hegemónicos y las noticias de primera plana se unificaron en un silencio aplacador. No se trata de un “capricho provinciano”, un “antojo de gente inquieta” o una “excentricidad latente y conservadora”. Se trata de lo más profundo: la naturaleza y el cuidado del hábitat como fuente de vida. Se trata de sostener el futuro por la defensa del agua en donde conviven cientos de personas.

Frente al depredatorio acecho tras la instalación del Proyecto Agua Rica en manos de las multinacionales Yamana Gold, Glencore y Newmont, la respuesta directa de una marcha multitudinaria y caminata pacífica viene en contrapunto exigiendo hace años el respeto al derecho de la voluntad del pueblo. La comunidad logró organizarse, votar por una propuesta que defienda el interés colectivo y el derecho de los pueblos a su autodeterminación. El lema “no a la megaminería” obtuvo una ordenanza legal, democrática. La propia justicia desestimó lo que había ya decretado el fallo en el 2016 la Corte Suprema de Justicia de la provincia y luego la aprobación de una ordenanza municipal que también prohibía la minería. En connivencia, el poder empresarial y el gobierno provincial hicieron oídos sordos al reclamo. Hace años se está luchando por una ley que garantice el derecho al medio como bien común y que la defensa del territorio en pos de la misma pueda ser de apertura a otra lógica no extractivista en favor de las próximas generaciones.

Durante la semana pasada, y luego de la marcha que realizan cada sábado, la Policía Provincial salió a allanar y detener sin orden judicial a integrantes de la Asamblea El Algarrobo, impulsora de las marchas, actividades e intervenciones en lucha contra la megaminería. En un clima de hostigamiento físico y psicológico, sobrevolaron drones que fotografiaban las casas de los activistas ambientales, entre vehículos y policías de civil que vigilaban armados los movimientos del pueblo.

Al día de hoy, todavía se encuentran privados de su libertad Aldo Flores, docente jubilado e histórico asambleísta, Walter Mansilla, Enzo Brizuela, Sara Fernández, Matías Paz, Augusto Brizuela y Damián Abel.

La Federación Argentina de Trabajadorxs de Prensa (Fatpren) exigió la inmediata liberación de Mansilla y Brizuela, reportero gráfico y periodista respectivamente, “detenidos por hacer su trabajo, y de todas las personas apresadas injustamente en Catamarca”.

Un poco de contexto

La lucha en el norte de nuestro país contra la megaminería data de varios años. Cuando MARA (Minera Agua Rica Alumbrera) empezó a actuar ilegalmente en el Nevado de Aconquija, la divisoria natural entre Catamarca y Tucumán y reconocida por poseer hielos y nieves eternas en sus cumbres más elevadas. Hace once años la multinacional Yamana Gold reinició las perforaciones en los cerros a pesar de no tener licencia social y allí comenzó a organizarse la resistencia de lxs vecinxs. Resistencia que ha tenido que enfrentarse no sólo a la empresa sino también al gobierno que avala el proyecto.

Resistencia, también, que ha sido pacífica en todos estos años. En los últimos once años el pueblo de Andalgalá caminó pacíficamente 589 veces a la vuelta de su plaza en defensa de la vida y el agua. “También realizó movilizaciones en otras ciudades, acampó frente a Tribunales en Bs As, construyó una radio, denunció atropellos y múltiples violencias, presentó amparos y, además, generó una ordenanza para proteger el futuro de su pueblo”. La Asamblea del Algarrobo se convirtió en una referencia nacional e internacional de lo que una organización vecinal puede hacer frente al gigantesco poder de las empresas transnacionales. Los activistas defensores del agua entienden que la presencia de maquinaria que posee y hace uso MARA obedecería a la autorización por parte del Ministerio de Minería de Catamarca (Res. 310/2020) del Plan de Exploración Avanzada presentado por la citada empresa minera Yamana Gold. 

Por otro lado, denuncian también la complicidad con fiscales y jueces que amparan a estas empresas y realizan una persecución a los asambleístas. Por ejemplo, el juez Rodolfo Cecenarro, quien en su momento denegó la ordenanza que prohibía la minería, en sus declaraciones públicas no tiene tapujos de amenazar con la cárcel a los activistas ambientales. La fiscal Soledad Rodríguez, por su parte, quien  está a cargo de los allanamientos y detenciones, trabajó para empresas u organismos ligados a los intereses de las multinacionales mineras.

¿Quién empieza la violencia? La violencia la inicia la empresa al transportar una máquina de explotación a un territorio en disputa e iniciar una explotación en suelo del que no tiene licencia social. Pero el Estado al ignorar la ordenanza e ignorar los fallos judiciales está desoyendo el descontento social. Y que el Estado llene de gendarmes y policías un pequeño pueblo, es un acto de violencia suprema. 

¿Por qué es ilegal el proyecto Agua Rica? La empresa está violando dos resoluciones dictadas por la ex secretaría de Minería provincial (hoy Ministerio) en 2009 que prohíbe el tránsito minero por el camino de Choya y de Potrero, los dos accesos que la asamblea está bloqueando hace dos semanas de forma selectiva. La ordenanza municipal 029/16 “prohíbe toda actividad minera metalífera, en la modalidad a cielo abierto, y la actividad minera nuclear. El proyecto MARA viola la Ley de Glaciares, la Ley General del Ambiente y el artículo 41 de la Constitución. Es ilegal e ilegítimo, porque no cuenta con la Licencia Social ni con la aprobación del pueblo. Y hasta que no la obtenga, todo acto de avance que realice la empresa, es un acto de violencia. 

El futuro de las sociedades está íntimamente ligado a la utilización de los recursos naturales (también llamados bienes comunes porque les pertenecen a todos los individuos). Llegamos a un punto en el cual el agua, la tierra, los glaciares y ríos, las montañas y sus minerales, escasean y son trofeos de guerra para empresas trasnacionales y gobiernos que negocian con ellos. El carácter esencial del agua, en este caso, no puede ser un lucro especulativo en desmedro de las poblaciones. En este sentido, la demanda que está llevando adelante el pueblo de Andalgalá es un ejemplo que marca el camino a seguir, a pesar del acoso y la persecución, porque es una lucha para hacer de este mundo presente y venidero un lugar mejor.

foto de portada @susi.maresca